La Zona Franca de Punta Arenas, otrora un motor económico para la región de Magallanes, se encuentra sumida en una profunda crisis. Lejos de cumplir su promesa de ofrecer beneficios a los habitantes y fomentar el emprendimiento, se ha convertido en un lastre que encarece la vida de los magallánicos y asfixia a los pequeños comerciantes.
La administración privada de la Zona Franca ha sido señalada como la principal responsable de esta situación. El aumento desmedido de los costos operacionales ha llevado a que los precios de los productos sean iguales o superiores a los del resto del país, anulando la ventaja de estar en una zona libre de impuestos. Además, la proliferación de negocios que operan con IVA al interior del recinto contraviene la ley y perjudica la competencia leal. Un ejemplo claro de este aumento desmedido es el caso de un local de 40 metros cuadrados: mientras en 2023 el arriendo era de 600 mil pesos, hoy se paga 1.3 millones por el mismo espacio (entre muchos otros costos asociados)
Los emprendedores locales, que deberían ser los principales beneficiarios de la Zona Franca, enfrentan una situación crítica. Los altos costos de instalación y operación, sumados a las restricciones, dificultan enormemente el desarrollo de sus negocios. Como resultado, muchos emprendimientos han fracasado, dejando numerosos locales vacíos en el módulo central. A pesar del importante aporte que cada año entrega la administración del recinto al gobierno regional y que es posible gracias a los empresarios locales que siguen luchando día a día contra la adversidad, es urgente que las autoridades regionales se pronuncien al respecto de esta situación.
La Zona Franca de Punta Arenas debe volver a ser un espacio que beneficie a todos los magallánicos, fomentando el emprendimiento y ofreciendo precios competitivos.