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2024-7-4

JUSTICIA Y TRABAJO CAPACITAN AL SECTOR PÚBLICO SOBRE DELITOS FUNCIONARIOS

- En la oportunidad, profesionales de la Defensoría Penal Pública abordaron de manera detallada las normas que rigen a las y los empleados públicos, a partir de cómo se constituye un delito funcionario, sus consecuencias y cómo se debe trabajar para prevenir y combatir la ocurrencia de estas graves faltas contra la probidad.

Publicado por: Roberto Hofer
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Los delitos funcionarios son un tema de actualidad muy presente en la agenda mediática, al momento de hablar de falta de probidad, fraude al fisco o tráfico de influencias. De ahí la relevancia que tuvo la charla de capacitación para el sector público sobre “Delitos Funcionarios”, que llevaron adelante las secretarías regionales ministeriales de Justicia y Derechos Humanos y del Trabajo y Previsión Social, en el auditorio de la Contraloría Regional.

A cargo de impartirla estuvieron la Defensora Regional, Verónica Reyes Cea, junto a Rodrigo Lillo Vera, Jefe Regional de Estudios de la Defensoría Penal Pública de Magallanes, y fue seguida con mucho interés por cerca de 70 asistentes quienes además formularon diversas consultas. La actividad permitió a funcionarios y funcionarias de distintos servicios y reparticiones públicas actualizar sus conocimientos sobre esta fundamental temática dentro de la administración del Estado.

La instancia fue abierta por la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, quien saludó la presencia funcionaria en esta actividad, al buscar poner en valor “esa integridad del rol público que les compete”. Valoró la importancia para este gobierno de poder favorecer en distintas capacitaciones dos principios constitucionales fundamentales como son la probidad y la transparencia. De ahí que como sector Justicia pusieran esta actividad a disposición de la SEREMÍA del Trabajo para desarrollarla en conjunto, ampliando su convocatoria y reactivando la importancia de estas dos temáticas.

En la oportunidad, ambos profesionales de la Defensoría Penal Pública abordaron de manera detallada las normas que rigen a las y los empleados públicos, a partir de cómo se constituye un delito funcionario, sus consecuencias y cómo se debe trabajar para prevenir y combatir la ocurrencia de estas graves faltas contra la probidad.

Al respecto, distinguieron entre: la malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias, uso de información privilegiada y cohecho. Tales figuras penales son aquellas que exigen que el sujeto activo sea un funcionario público, cuyo bien jurídico protegido es la probidad, entendida esta última como la recta administración del Estado mediante sus agentes o empleados públicos, y que pueden cometerse en la administración del Estado, en sus organismos centralizados o descentralizados, entidades autónomas, municipalidades o gobiernos regionales. En virtud de ello, hicieron referencia a la naturaleza y extensión de las penas, y a la obligación de denunciar, así como también a los conceptos de Responsabilidad Penal y Responsabilidad Administrativa.

La Defensora Regional, Verónica Reyes, agradeció la alta concurrencia frente a este un tema contingente y de mucha actualidad, al ser todo lo relacionado con delitos funcionarios y responsabilidad pública algo “que compete a todos quienes ejercemos función pública. En la medida que tenemos conocimientos de las consecuencias de nuestro actuar en el día a día es relevante, y por eso nos quisimos acercar a todos los funcionarios de Punta Arenas y dar una mirada un poco distinta".

Finalmente, el Seremi (S) del Trabajo, Carlo Gorziglia Saín, entregó un saludo a nombre de la titular Doris Sandoval, agradeciendo a los expositores por esta instancia tan necesaria para estudiar y asimilar la responsabilidad penal del funcionario(a) público(a), junto con reconocer las bases de la administración pública y complementar la responsabilidad penal de la función pública. Esto, en un sistema de integridad que busca fundamentalmente conceptualizar en la conducta lo que debe ser una correcta actuación de nuestros(as) empleados(as) públicos.

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