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2019-10-9

Diputado Bianchi pide al Ministerio e Inspección del Trabajo intervenir por trabajadores de Vía Austral

Exige velar por el respeto de los derechos de los trabajadores que están siendo vulnerados.

Publicado por: María Ignacia Meyer
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El Diputado magallánico ofició al Ministerio del Trabajo e Inspección del Trabajo ante su preocupación por las condiciones laborales de los empleados de Vía Austral en la próxima cesión de contrato a la empresa Ascendal, exigiéndoles que “se hagan presentes en el asunto y cumplan con el mandato legal”.

El parlamentario busca velar por la correcta aplicación de las leyes que garantizan los derechos sociales de los trabajadores. Además, para legitimar el proceso, exigió que el sindicato de trabajadores participe en las negociaciones de cualquier contrato que afecte sus derechos.

Es necesario mencionar que la obligación del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de fiscalizar estas materias se encuentra prescrita en la cláusula 4.5.2 sobre las obligaciones laborales y previsionales del Decreto número 61, de 14 de junio de 2016 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que Autoriza las Bases Administrativas para el otorgamiento del subsidio a la prestación de servicios de transporte público en la ciudad de Punta Arenas.

Esto se suma a una serie de acciones de fiscalización que ha llevado a cabo, citando a la ministra y al subsecretario a la comisión de Transportes para que den una solución a este problema, pero destacó que la respuesta ha sido “errática, tardía y escondida hacia los trabajadores de la empresa”.

El Diputado independiente afirmó que, si la situación del transporte mayor de Punta Arenas estuviera radicada en la capital, ya se hubiese solucionado. Aseguró también que este transporte público subvencionado no da garantías a los trabajadores ni a los usuarios, destacando además la incertidumbre de los trabajadores por su situación ante la inminente cesión del contrato.

Destacó el pésimo estado y baja dotación de buses de la empresa actual, la mala frecuencia, el incumplimiento de sus obligaciones, el fraude al Estado por las vueltas en vacío que realiza para cobrar el subsidio, la nula fiscalización de la Seremía y Ministerio de Transportes y el no pago de las previsiones a sus trabajadores.

“Acá no solamente se debe pelear por la dignidad de las personas, sino también porque sea un contrato que, aunque es más barato, entregue la seguridad a todas las personas”, manifestó el parlamentario.

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